Los presupuestos para políticas de Justicia para 2018 ascienden a 1.781 millones de euros, lo que supone un 3,2% más que el año anterior aunque este incremento representa menos de la mitad que en 2017, cuando las cuentas aumentaron un 7,6%. Así figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado en el Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
La dotación de 1.781 millones de euros permitirá, entre otros objetivos, crear 300 nuevas plazas de jueces y fiscales -que se suman a las más de 3.000 plazas de funcionarios de la Administración de Justicia que previsiblemente se convocarán a lo largo de este año-, y destinar una mayor cantidad a la justicia gratuita que crece un 33%, con especial atención a las víctimas de violencia de género.
Sin embargo, la apuesta de Justicia por la transformación digital del sector se reduce de los 150 millones de euros de 2017 a los 132 proyectados para este año (18 millones menos). Los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanzan los 51 millones, el doble que el pasado año.
