Ambas proposiciones buscaban el mantenimiento del Registro Civil como un servicio público y gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la misma estructura y demarcación territorial actual, manteniendo las actuales oficinas, incluídas las de los Juzgados de Paz, si bien la propuesta de Podemos es mucho más extensa y, entre otras muchas cosas, intenta recuperar algunas de las competencias que hasta ahora eran propias del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia ha ido externalizando en los últimos años (como los expedientes de nacionalidad por residencia, o la posibilidad de tramitación de los expedientes matrimoniales y celebración de bodas civiles ante Notario). De ahí, precisamente, que no entendamos que este grupo político rechazara que se tramitara la proposición del Grupo Popular, pues podía haber presentado su propio texto como enmienda a la totalidad.
STAJ continúa manteniendo contactos con Ministerio de Justicia y con los grupos políticos para desbloquear la situación. Hemos instado la búsqueda de consensos, y nos consta que se está trabajando en ello. El problema es el escasísimo tiempo que queda. Por ello, lo más probable será una nueva prórroga de la entrada en vigor de la Ley de 2011, pero STAJ ha exigido que aunque se produzca esa prórroga, la tramitación de la reforma de la Ley debe seguir su curso, pues en otro caso no se estará sino continuando la situación de incertidumbre en la que más de 5.000 funcionarios de Justicia, destinados en juzgados con competencias de Registro Civil, mantienen desde hace años.
