La publicación el lunes 23 de abril de las listas provisionales de las nuevas bolsas de interinos de Cataluña ha sido el colofón a un enfoque equivocado sobre las prioridades y necesidades reales de la Administración de Justicia en Cataluña.
A finales de 2015, cuando todavía no se habían publicado las listas definitivas de la última modificación de las bolsas de interinos, la recién nombrada Consellería de Justicia se empeñó en acometer una nueva modificación de la Orden que regula la selección, nombramiento y cese de interinos. Pese a la unánime oposición sindical y con una absoluta prepotencia, la Administración publicó sin acuerdo sindical dicha Orden, y sólo fue posible enmendarla posteriormente para evitar males mayores mediante la negociación de la convocatoria que la desarrollaba, que STAJ avaló para asegurar entre otras cosas el valor de los servicios prestados. Debemos recordar que STAJ interpuso demanda contencioso-administrativa ante el TSJ de Cataluña contra la Orden publicada unilateralmente y estamos a la espera de resolución judicial.
La gestión de los recursos para la confección de las nuevas bolsas de interinos está externalizada en una empresa que cobra por sus servicios. La presentación de instancias en septiembre de 2017 para formar parte de las nuevas listas fue un auténtico via crucis que ya vaticinaba lo que iba a acontecer a continuación. Así, tras plazos prorrogados llegamos a abril de 2018 para publicar las actuales listas provisionales: una auténtica calamidad y un despropósito.
El mismo lunes 23 de abril constatando una innumerable tipología de errores, STAJ instó por escrito al Departamento de Justicia a suspender el plazo de presentación de alegaciones que se iniciaba al día siguiente. El Departamento de Justicia hizo caso omiso sin valorar el impacto y el alcance real de los graves errores de todo tipo que constan en estas listas provisionales. Sin embargo, el día 24 por la tarde la evidencia de la magnitud del desastre se impuso. El Departamento de Justicia ha comunicado a STAJ que ampliará el plazo de alegaciones que en principio acababa el próximo 8 de mayo.