Tras estudiar la propuesta entregada a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial, el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Rafael de la Sierra, ha señalado que Cantabria está de acuerdo en mantener el carácter público y gratuito del Registro Civil, "siempre gestionado en el entorno de la administración pública y dirigido por los Letrados de la Administración de Justicia".
Sin embargo, el Gobierno de Cantabria ha trasladado su desacuerdo con el modelo último planteado por el Ministerio y pide el mantenimiento de las funciones del Registro Civil en los ayuntamientos para la adecuada prestación de este servicio al ciudadano.
En su escrito de alegaciones, ha defendido que el necesario avance tecnológico "no puede enfrentarse con la proximidad al ciudadano", por lo que solicita que el sistema garantice, a través de los ayuntamientos, juzgados de paz y juzgados mixtos con funciones de Registro Civil, que los vecinos y ciudadanos puedan seguir accediendo a los mismos para recibir asistencia personal en este ámbito.
La última de las alegaciones realizada por Cantabria tiene que ver con los medios personales y materiales para llevar adelante la reforma. El Gobierno autonómico ha puesto el acento en la necesidad de que el Ministerio "garantice el mantenimiento del personal necesario para la gestión" de los Registros Civiles, así como la previsión normativa para designar los Letrados de la Administración de Justicia que estimen necesarios para asegurar la estructura adecuada en relación a la población.
