La Comisión Europea (CE) insiste en la revisión de la figura de la Procura en España. A su juicio, la normativa española en materia de tarifas mínimas obligatorias -el arancel- de los procuradores y la regulación de la incompatibilidad de la profesión de abogados con la Procura es incompatible con el derecho comunitario.
Así lo refleja en un dictamen motivado que incluye a los procuradores españoles entre las figuras que dificultan el establecimiento y la prestación transfronteriza de servicios en toda la Unión Europea.
El dictamen, enviado el pasado 17 de noviembre de 2016, exige la respuesta del Gobierno español en el plazo de dos meses, que aún no ha sido emitida. En este sentido, el presidente de los procuradores pidió "tranquilidad" porque, en su opinión, "no se va a resolver en este plazo y habrá que ver qué sucede después de la contestación del Gobierno".
