La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, acompañada de la directora general de Justicia, Maria Angeles García, ha firmado un acuerdo con los representantes de los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia dependientes de la Generalitat. El acuerdo afecta a 4.000 empleados públicos repartidos en el personal de los Cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial y Médicos Forenses.
El acuerdo tiene como objetivo principal la recuperación de los derechos sindicales menguados durante los últimos años, a fin de que los empleados públicos de este sector puedan recuperar el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo perdidas durante los últimos años sin perder de vista la actual situación presupuestaria y financiera de la Generalitat. El pacto ha sido rubricado por responsables de CSIF, STAJ, CCOO, Intersindical y UGT.
