La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluirá un incremento del número de personas con discapacidad que podrán trabajar como funcionarios de la Administración de Justicia. El PP ha introducido una enmienda de última hora en la norma que eleva de un 5 a un 7% el cupo y concreta que, de ese porcentaje, se reserva un 2% a aquellas personas con discapacidad intelectual.
El Grupo Popular ya registró en el plazo de presentación de enmiendas parciales otra previsión, en este caso para que los magistrados que aspiren a una plaza en un Juzgado de Menores tengan que contar además de su preparación específica, con formación especializada en violencia de género antes de poder tomar posesión del cargo.
En las 60 modificaciones que ha sufrido el texto durante su tramitación parlamentaria en la cámara baja, el partido del Gobierno ha incluído, además, la posibilidad de que los médicos forenses realicen "pericias" por encargo de particulares y establece que los autos y expedientes de procedimientos cerrados podrán destruirse cuando transcurra un plazo de seis años desde que se dicte una resolución firme que ponga, de forma definitiva, fin a la causa.
