La Comisión de Justicia del Senado incorporó el jueves veinte enmiendas al proyecto de ley de medidas de agilización procesal, que, entre otras cuestiones, pretenden facilitar la participación de los procuradores en los procedimientos de desahucio.
Otras de las enmiendas admitidas evitarán que se suba el límite para la apelación en los procesos contencioso-administrativos de 18.000 a 30.000 euros e impedirán que se incremente el límite para presentar un recurso de casación en el orden contencioso-administrativo a 600.000 euros.
El proyecto de ley de medidas de agilización procesal pretende acometer reformas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa para simplificar el proceso y reducir costes y tiempo, a través de la eliminación de trámites innecesarios y la racionalización del sistema de recursos.
