El adelanto electoral se lleva por delante las promesas que el ministro de Justicia hizo sobre la tantas veces aparcada reforma del sector: la ley de Enjuiciamiento, la agilización de los juzgados, la ley Concursal, la de Mediación o la de Justicia Gratuita, o la renovación del Tribunal Constitucional se quedan en el tintero. Y en tres meses, con la campaña de por medio, todas las fuentes descartan ya que puedan ver la luz.
Una de las grandes asignaturas pendientes de Caamaño es la creación de unidades judiciales para desatascar los juzgados y poder equiparse con la media de la Unión Europea. La matriz del problema es la falta de inyección presupuestaria para invertir en la calidad de la Justicia. El Gobierno prometió que antes de final de año se crearían doscientas unidades judiciales como respuesta al ahogo de gran parte de los jueces del territorio español.
El Consejo General del Poder Judicial ha realizado un informe en el que se plasma la necesidad de crear más de quinientos nuevas plazas de jueces en activo, tal y como prevé la ley de Presupuestos Generales del Estado, para aproximarse a la normalidad y solventar parte del colapso. Este informe del órgano de los jueces muestra su preocupación ante una situación que no puede mantenerse por más tiempo sin que conlleve una merma de la calidad de la Justicia. Los juzgados más debilitados son los de lo Social, en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, seguidos de los de Primera Instancia y de lo Mercantil.
