El “copago” judicial –una tasa para que los que acudan a juicio financien el coste del funcionamiento de la justicia- ha entrado de lleno en el debate de la política nacional. Tras abrirse la polémica en la Comunidad valenciana por las declaraciones del consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, asegura que el futuro Gobierno que salga del 20-N está abocado a plantear el copago de la Justicia.
Miguel Ángel Gimeno explicaba en una entrevista que un juicio verbal “cuesta al erario público unos 1.400 euros”, contando la amortización de los espacios, lo que supone un gasto importante, y “más teniendo en cuenta que es habitual que haya demandas por 100 ó 200 euros -e incluso en casos extremos por 6 euros-, por lo que el gasto para resolver es mucho más elevado que lo que se discute”.
"La Justicia es muy sensible y debe garantizarse, aunque es muy cara. Se tiene que poner algún límite porque no podemos pagar estas desproporciones: todo tiene un coste y esto lo tenemos que entender todos y colaborar", afirma el presidente del Tribunal Superior catalán. Eso sí, subraya que el copago debe definirse con "mucho cuidado", ya que la Justicia es un derecho de todos, y la capacidad económica no debe tener importancia. "No está mal que aquel que tiene capacidad económica y que además obtiene una ganancia, colaborare con algún tipo de tasa, es razonable", concluye Gimeno, que recalca que es un problema “estatal” y que todos los partidos saben del gran coste de la Justicia.
