Los ministros de Justicia de la Unión Europea han cumplido este pasado jueves el último paso para iniciar la puesta en marcha de una Fiscalía europea contra el fraude que permita investigar, perseguir y encausar los delitos económicos que afectan a los intereses financieros del bloque, como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios.
Con todo, se trata de un proyecto del que sólo serán parte de momento 20 de los 28 estados miembros, entre los que sí está España, y que necesitará entre dos y tres años para echar a andar, por lo que no estará operativo hasta al menos 2020.
La Fiscalía europea contra el fraude, que estará presidida por un fiscal jefe aún sin designar, velará por disuadir el fraude, mejorar el enjuiciamiento y la sanción de los delitos contra el presupuesto europeo y facilitar la recuperación de los fondos europeos mal utilizados.
