Tras el parón del verano, el acto de apertura del año judicial celebrado el pasado 6 de septiembre supone un nuevo comienzo para afrontar los frentes abiertos que afectan al ámbito jurídico. La digitalización de la Justicia, las reclamaciones de las asociaciones de jueces o el propósito de los fiscales de asumir la investigación penal son algunos de los asuntos que más preocupan a los operadores jurídicos.
Entre los propósitos de los fiscales para este nuevo curso está una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que suponga la atribución de la dirección de la investigación penal al fiscal. Según señaló el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, es necesario en este sentido una "reordenación de las tareas de jueces y fiscales" que, a su juicio, "redundará en una mejora de las garantías de todas las partes y supondrá una clara definición de roles".
Esta prentendida reforma procesal supondría que los jueces asumieran, dentro de la investigación penal, la función de control de la actividad investigadora realizada por los fiscales, desde la posición de juez de garantías.
