STAJ ha mostrado su rechazo a medidas que supongan una privatización encubierta de la Administración de Justicia, debiendo potenciarse mecanismos de mediación intrajudicial en la que los funcionarios de Justicia debemos tener un papel importante tal como la propia LOPJ prevé.
STAJ ha reclamado mejores sedes judiciales, modernización tecnológica, solución a los problemas de la implantación de la Justicia Digital, o la revisión de la organización de la Oficina Judicial mejorando el derecho a la elección de puestos de trabajo y la potenciación de la especialización de los puestos.
STAJ ha reclamado más formación impartida directamente por la Administración, sin intermediarios. También ha apostado por la independencia judicial que debe potenciarse a todos los integrantes de la Administración de Justicia, para lo que es preciso lograr una verdadera independencia económica de quienes trabajamos en ella.
STAJ también ha defendido el carácter nacional de los Cuerpos y un estatuto jurídico único para todos los funcionarios de la Administración de Justicia de todo el Estado. Igualmente, ha reclamado que el Ministerio de Justicia cumpla íntegramente los acuerdos suscritos con los sindicatos (cotizaciones Seguridad Social, conversión refuerzos y potenciación promoción interna).
STAJ ha rechazado medidas estrella que no se acompañan de una necesaria dotación de medios (por ejemplo los juzgados especializados en cláusulas suelo o las reformas en materia de agilización del procedimiento penal limitando los plazos de la instrucción).
Por último, STAJ se ha opuesto a posibles proyectos de reorganización de la Justicia basados en la disminución de los partidos judiciales y la desaparición de los Juzgados de Paz, así como a la desjudicialización del Registro Civil, reclamando su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia con la misma demarcación y funciones actuales.
