Hoy miércoles se debate en la mesa sectorial la propuesta de Acuerdo de cinco puntos presentada por el Ministerio a los sindicatos representativos -STAJ, CCOO, CSIF, UGT y los autonómicos ELA y CIG-.
Desde STAJ consideramos que el contenido de la propuesta de Acuerdo es insuficiente y de mantenerse en esos términos no garantiza las reivindicaciones que venimos manteniendo desde el año 2011, contra una ley que nunca nos gustó por lo que suponía de desmantelamiento total del Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia, con pérdida de miles de puestos de trabajo.
Si el Ministerio quiere consenso, deberá incluir en el Acuerdo, al menos, lo siguiente:
- Respecto a la gratuidad del RC, que se impulsen medidas que faciliten el acceso al RC sin intermediarios, incluídos los medios telemáticos que se establezcan.
- En cuanto a la estructura de las oficinas del Registro Civil, no nos basta con "velar" por el mantenimiento actual, sino que debe garantizarse inequívocamente el mantenimiento de la estructura y demarcación actuales, con una oficina de Registro Civil en cada partido judicial y en los Juzgados de Paz, con competencias plenas, incluído el expediente previo al matrimonio civil.
- Las competencias de las Comunidades Autónomas deben enmarcarse dentro de las asumidas en materia de Administración de Justicia.
- Garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo asignados actualmente a RC.
- Reconocimiento de las funciones registrales de todos los Cuerpos, y posibilidad de que los Gestores asuman la función de Encargado en aquellos Registros donde así se establezca, y en todo caso en los Juzgados de Paz y Agrupaciones.
- Garantía de un Registro Civil con competencias plenas y exclusivas, de modo que todas las actuaciones registrales, incluídos los expedientes, sean de la exclusiva competencia de las oficinas de Registro Civil, sin perjuicio de la celebración de matrimonio civil ante otros funcionarios, alcaldes, o las especialidades propias de los matrimonios canónicos o de otras confesiones.
- Compromiso por parte del Gobierno del impulso a la reforma de la Ley de 2011, así como cuantas otras normas legales o reglamentarias deban dictarse para cumplimiento del Acuerdo.
