El Gobierno de Cantabria elaborará una norma en la que desarrollará su política de seguridad judicial electrónica y en la que establecerá los objetivos, principios básicos y la estructura organizativa necesaria para la gestión de la seguridad de la información en la justicia autonómica.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, tras el acuerdo de impulsar unos requisitos mínimos comunes de seguridad e interconexión entre comunidades autónomas y el Estado, alcanzado en el seno de la Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), reunida en Santander.
El sistema autonómico deberá hacer frente, afirma De la Sierra, a una "adecuada" protección de los datos y de la información que se maneja en el sistema judicial, frente a "fallos en la disponibilidad, autenticidad y conservación de los mismos". Del mismo modo, ha informado que la norma que preparará su departamento "irá más allá" y determinará las responsabilidades en materia de seguridad judicial electrónica de todos los órganos y personas implicadas.
