Abogados, procuradores, jueces y fiscales no hablan de otra cosa en los últimos tres meses. La implantación del sistema de comunicaciones telemáticas LexNet y sus herramientas homólogas en Cantabria, Cataluña, País Vasco y Navarra han levantado ampollas entre los profesionales de la Administración de Justicia.
Magistrados, letrados y hasta la fiscal general del Estado se vienen quejando abiertamente de estas aplicaciones informáticas que, a su juicio, no hacen más que ralentizar aún más los procesos judiciales. Justicia defiende que ha puesto en marcha un "plan de choque" para mejorar el funcionamiento y que ya ha implantado el 60% de las 23 medidas que contenía. Añade que ha creado "comisiones provinciales de seguimiento" para detectar problemas y que ha puesto en marcha ya "experiencias piloto para incorporar el sistema al orden penal".
La percepción positiva del ministerio en relación con las incidencias, sin embargo, no coincide con la visión que tienen los que trabajan día a día con Lexnet consultados. Estos últimos aseguran que aún hay problemas pendientes de solucionar, como la "imposibilidad" de "devolver escritos enviados por error a un órgano judicial inadecuado", "eliminar los ya descargados" o "repartir personaciones que todavía no tienen un rollo asignado".
