El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se presentará en las próximas semanas se mantendrán los partidos judiciales, aunque es necesario acometer cambios organizativos en el modelo actual. En este sentido, ha dicho que existe por su parte una "voluntad reformista y el proyecto de LOPJ abordará estas cuestiones atendiendo a la permanencia de los partidos judiciales".
El ministro ha indicado que la estructura de partidos judiciales "vertebra" el territorio y permite "identificar" a la Administración de Justicia en los diferentes lugares. "Vamos a ser absolutamente responsables, razonables y sensatos y el proyecto tendrá en cuenta estas circunstancias, pero también cuestiones de ámbito organizativo".
Recordemos que STAJ suscribió con el Ministerio y otras organizaciones sindicales, con la oposición expresa de CCOO, un preacuerdo que garantizaba, entre otras muchas cosas, la permanencia de los partidos judiciales, así como las oficinas judiciales de paz existentes, manteniendo como centro de destino el municipio en lugar de la provincia (que es lo que decía el anteproyecto, con el aval de CCOO por no suscribir el preacuerdo y oponerse expresamente a su firma).
STAJ ya ha exigido al nuevo ministro el respeto a todos los términos del preacuerdo suscrito en julio, en el que se garantizan todos y cada uno de los derechos de los funcionarios de Justicia en el caso de que se apruebe un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, mejorándose algunos aspectos de nuestro estatuto jurídico, rompiendo así todas las nefastas previsiones del anteproyecto originario. Esto es así por más que algunos no se enteren y otros se empeñen en decir lo contrario.
Estamos a la espera de mantener reunión con el ministro para trasladarle directamente nuestras exigencias en relación con esta cuestión, que pasan, como decimos, por el respeto escrupuloso a todos los puntos del preacuerdo.
Además, exigiremos la retirada de la privatización del Registro Civil y su mantenimiento como servicio propio de la Administración de Justicia y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la derogación de la ley de tasas, especialmente las que gravan las reclamaciones de los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, o la recuperación del derecho a litigar sin necesidad de abogado y procurador por parte de los funcionarios, entre otras cuestiones que aún están pendientes.
