La llegada de Rafael Catalá al Ministerio de Justicia ha retraído por el momento las protestas de los sindicatos en un sector que afronta el final de año con los mismos problemas que lo empezó: privatización de los registros civiles, reforma de la LOPJ, tasas, Ley de Justicia Gratuita, etc, sólo que con negociaciones abiertas.
"Con este ministro se ha conseguido abrir el diálogo y los gestos han sido diferentes a Gallardón", subraya Carmen Romero, presidenta de la junta de personal de Justicia de Ciudad Real y coordinadora autonómica del STAJ.
Ahora los sindicatos confían en si no impedir la privatización de los registros civiles, que Catalá mantiene en cartera, al menos que no se amorticen las 3.000 plazas de funcionarios que los atienden ahora, aunque el servicio salga de los juzgados, algo a lo que se siguen oponiendo. "Lo que nosotros pretendemos es que el registro civil lo asuman los secretarios judiciales o funcionarios de justicia y que siga siendo un servicio atendido por funcionarios", explica Romero.
