Las organizaciones que conforman la comisión interasociativa han puesto de fecha límite el próximo 5 de febrero para que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón atienda a sus demandas. De lo contrario, han asegurado que convocarán una huelga dentro de los diez días siguientes.
El documento reclama que "no se legisle sin contar con la opinión de los colectivos jurídicos que tienen un mayor conocimiento de la realidad de la Justicia", así como una modificación del sistema actual de tasas que, según estas organizaciones, "impide el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".
