lunes, 14 de enero de 2013

Gallardón ya tiene coartada para mutilar la acusación popular

La nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo, y además estaría limitada a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo.

Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ministerio de Justicia ha recibido por parte de la comisión de expertos que designó el pasado marzo para la redacción de la nueva norma que debe regular el proceso penal.

Precisamente, muchos de los asuntos que ahora mismo están investigando los tribunales se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Así ha ocurrido en los casos de Bankia o Novacaixagalicia que investiga la Audiencia Nacional o el 'caso de los trajes' contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.