La Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que está a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados, junto con la Ley Orgánica de Eficiencia Procesal, que se aprobará seguidamente y que modifica las leyes procesales para adaptarlas a los Tribunales de Instancia, suponen un cambio radical en la organización judicial y establecen un nuevo diseño de la oficina judicial que perjudica notablemente nuestros derechos retributivos, la elección de puesto de trabajo, la tramitación de expedientes concretos y de la misma jurisdicción, instaurando la movilidad forzosa dentro de la localidad, reduciendo puestos de trabajo y limitando al máximo la posibilidad de llamamiento de personal interino.
Los Tribunales de Instancia y sus posibles secciones son nuevas formas de organización judicial, que afectan sobre todo a los jueces y magistrados, pero lo que nos perjudica a los funcionarios es el nuevo diseño de la oficina judicial, la llamada Unidad de Tramitación, en adelante UTRAM, que incluye a todos los funcionarios de todos los juzgados de la localidad y asiste al Tribunal de Instancia como una oficina global sin distinción de jurisdicciones. La UTRAM se puede dividir en áreas o equipos, dirigidas por un LAJ, cada UTRAM tendrá un LAJ coordinador o jefe que puede distribuir al personal y modificar sus funciones dentro de esas áreas o equipos las veces que considere.
Os vamos a explicar esos efectos nocivos uno a uno:
