A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizada por el presidente del Gobierno, no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El Gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de julio. Por ello, no existe impedimento legal para un gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018.
Por este motivo, exigimos al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados públicos de Justicia y para con la ciudadanía española.
El Comité de Huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el Comité de Huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.
