Se ha publicado en el BOE la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuyas disposiciones adicionales se establece la privatización del Registro Civil, encargando su llevanza en el futuro a los Registradores Mercantiles.
STAJ sigue proponiendo que aun desjudicializando el Registro Civil, éstos deben seguir siendo un servicio de la Administración de Justicia, en el que los Secretarios Judiciales pueden ser los encargados de los mismos y los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial continuar prestando sus servicios en las respectivas oficinas, configurándose como Centro de Destino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe, que en todo caso habrá de garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está destinada a funciones de Registro Civil.
STAJ aboga por la modernización del Registro Civil, para lo cual, insistimos, lo necesario es una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como su permanencia dentro de la Administración de Justicia, lo que garantizará su calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los derechos de los ciudadanos, a quienes todos nos debemos.
En este sentido, STAJ ha reiterado sus propuestas al nuevo ministro de Justicia, y ante la publicación de la Ley hemos exigido la convocatoria urgente de mesa sectorial.
Desde STAJ exigimos que en cualquier caso se garantice por parte del Ministerio de Justicia la no amortización de ningún puesto de trabajo de los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que dichos órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía debe ser plasmada en los textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional, obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio, sino también en aquellos ámbitos gestionados por las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia.
Desde STAJ seguiremos luchando contra la privatización del Registro Civil, sin demagogias y sin iniciativas inverosímiles que no llegan a ningún sitio por muy mediáticas que puedan ser; y sobre todo luchará por el mantenimiento íntegro de todos los puestos de trabajo, dando solución satisfactoria a todos los funcionarios que actualmente ocupan las plazas de Registro Civil tanto en oficinas exclusivas como en juzgados con competencia compartida, sin merma de retribuciones ni derechos y sin cambio de localidad de destino.
Si no se cumplen las condiciones anteriores, no habrá mas remedio que llamar a la movilización de los funcionarios afectados.
