Miles de funcionarios han empezado el año en Aragón sin Sanidad gratuita. Un desacuerdo entre el Estado y el Gobierno regional les obliga, desde el pasado día 1, a pagar cada vez que acuden a un centro sanitario público. La tarifa mínima que se les factura es de 70 euros por una simple consulta del médico de cabecera. A partir de ahí, el recibo que se les entrega va en aumento según el alcance de la asistencia sanitaria que se les presta.
El problema se concentra en los que residen en pueblos o ciudades en las que no hay clínicas privadas en las que puedan ser atendidos de acuerdo con la aseguradora particular a la que estén acogidos, por elección propia, los encuadrados en MUFACE, ISFAS y MUGEJU. Citando fuentes de la Consejería aragonesa de Sanidad, el problema lo sufren casi 17.000 empleados públicos.
