El Tribunal de Cuentas considera que es necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) modifique el actual modelo de financiación con ayudas públicas de las asociaciones judiciales con el fin de que "se eviten los riesgos de sobrefinanciación" detectados en los últimos ejercicios. Así ocurre en el Informe de Fiscalización del CGPJ correspondiente a 2010, bajo la presidencia de Carlos Dívar, que acaba de remitir a las Cortes el Tribunal de Cuentas.
Las ayudas abonadas a las asociaciones judiciales en 2010 totalizaron los 738.426 euros, oscilando la participación de cada una de ellas entre cerca de 210.000 euros y 139.000 euros, según su representatividad en el colectivo. De esta cantidad, 670.540 euros se destinaron a los gastos de funcionamiento y 67.866 euros a financiar las actividades de formación, impulsadas por las asociaciones judiciales en el programa que gestionaba el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial.
Tres de las asociaciones obtuvieron por un lado ayudas para financiar actividades formativas por 35.526 euros, que además recibieron otros 1.872 euros de ayuda para gastos de funcionamiento, lo que supuso que las mismas actividades se financiaron por dos vías distintas al mismo tiempo.
