Fue el negocio redondo para unos pocos. Pero un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales. En junio de 2012, el Colegio de Registradores recibió una encomienda del Ministerio de Justicia para hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Fue un servicio por el que los registradores no cobraron, todo lo contrario, tuvieron que pagar.
Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, pactó con el Colegio el tipo de software que debían utilizar para tramitar esos expedientes, una plataforma tecnológica que había diseñado una empresa privada por la que el Colegio desembolsó 5,15 millones de euros. Curiosamente, uno de los administradores de esa empresa era el registrador "fichado" por Justicia para dirigir desde el Ministerio el equipo que decidió que los registradores debían pagar por ese software.
