En la mañana del día 20 de agosto de 2020, tuvo lugar reunión con la Dirección General de Justicia de Cantabria en la cual se ha tratado, junto con algún otro tema, el plan de actuación que a partir del día 1 de septiembre pretenden poner en funcionamiento en los Juzgados de lo Social y Mercantil de Santander.
Partimos que este plan ya viene mal formulado de base por la propia norma que lo recoge (disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo), y porque la misma en ningún caso ha sido negociada con las organizaciones sindicales, por más que se empeñen en decir lo contrario, el documento en el cual se avanzaba dicho plan fue facilitado a las organizaciones el pasado 29 de junio de 2020 a las 21:00 horas de la noche, cuando la convocatoria para la reunión estaba fijada el 30 de junio en la mañana. No nos parece ni de recibo, ni que arroje transparencia ni ningún afán de negociación el hecho de cómo se hace dicho traslado, esto es una materia seria e importante, como todo lo que concierne a nuestro personal, y desde luego no se hace así.
Como respuesta obtuvimos una aprobación en Consejo de Ministros a dicho plan, pese a haber solicitado que se retomase la negociación. STAJ presentó el pasado 16 de julio de 2020 escrito llamando a retomar las negociaciones a este Ministerio, y como viene siendo habitual últimamente con este ministro, no obtuvo respuesta.
Con este panorama, ahora desde la Comunidad de Cantabria en su ámbito de Justicia se nos llama a negociar un plan, que es un "corta y pega" de lo ya publicado, pese a que Cantabria cuenta con las competencias para poder establecer su propio plan.
