El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha apuntado en su informe la necesidad de mejorar "sustancialmente" el sistema informático de la Administración de Justicia ante los continuos problemas de funcionamiento presentados en los últimos meses y que se han convertido en especialmente "recurrentes" desde enero del año 2016, cuando el uso de Lexnet pasó a ser obligatorio.
En su memoria relativa al ejercicio 2017, el Defensor enumera una serie de problemas registrados en este sistema de comunicaciones electrónicas destacando especialmente el "importante" incidente ocurrido a finales de julio del año pasado que provocó que medio centenar de profesionales autorizados intentaran acceder de forma irregular a documentación de otros compañeros.
Una vez corregido el fallo se inició una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Justicia y ante el CGPJ, según explica el Defensor del Pueblo que precisa que Justicia puso en marcha una oficina de seguridad informática y reforzó el actual sistema de comunicaciones para evitar posibles intrusiones.
La investigación realizada por el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos continúa abierta y podría derivar en sanciones. Fruto de esta colaboración se produjo una visita de inspección de los dos organismos en la sede de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia.
