El efecto de siete años de crisis económica, combinado con el desinterés de los políticos de distinto signo por las inversiones en Justicia -de escasa rentabilidad electoral-, han llevado a muchos juzgados de toda España a presentar un aspecto lamentable. Cuartos de baño convertidos en archivos permanentes de sumarios y elementos de prueba, ventanas tapiadas con cartones, cables por los suelos, estanterías vencidas por el peso de los sumarios, desprendimientos de techos, goteras en sótanos y otros desperfectos constituyen el ámbito de trabajo de numerosos jueces y funcionarios.
Estas deficiencias, que afectan a la seguridad y a la salud laboral de quienes trabajan en estos edificios, y también al resto de usuarios de la Administración de Justicia, no son exclusivas de sedes pequeñas o alejadas de los grandes núcleos. El pasado abril, un incendio afectó a la azotea de los juzgados de lo Social de Madrid, en pleno centro de la capital, y en octubre el fuego arrasó los archivos del Instituto de Medicina Legal y de tres juzgados de Palma de Mallorca, un edificio de apenas dos años de antigüedad.
