El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que redefine el papel del juez y del fiscal en el proceso penal y consagra el derecho de defensa. Asimismo, sancionó el anteproyecto de ley de tribunales de instancia, que pretende facilitar la implantación del nuevo modelo de control judicial. Dos reformas de calado y de gran complejidad que se presentan en el último momento.
El titular de la cartera de Justicia, Francisco Caamaño, ha elevado ambas reformas al Gobierno con el convencimiento de que la legislatura culminará en marzo y que, por tanto, habrá tiempo de que se aprueben en esta legislatura. Sin embargo, expertos consultados creen que ambas normas son “papel mojado” y nacen “desahuciadas”, ante los insistentes rumores de un adelanto electoral que obligarían a disolver las Cortes en agosto o en septiembre.
Algunas voces recuerdan que hay proyectos que no van bien, como el de la Oficina Judicial. También está parado el de Mediación. Y no ha vuelto a haber noticias siquiera de borrador de Anteproyecto de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que data de 1996. Cuando este servicio sufre las más duras embestidas de la crisis. Aunque el Ministerio aseguraba hace un año que su tramitación era inminente.
