El Defensor del Pueblo denuncia en su informe anual las disfunciones que provoca en casi todos los ámbitos de la Justicia la escasez de medios materiales y humanos, y expresa su temor a que, frente esta situación, medidas como las de agilización procesal limiten las garantías de los ciudadanos.
Ante la evidente disminución de los recursos públicos disponibles para cubrir los gastos de la Administración de Justicia -advierte el Defensor del Pueblo- resultaría una equivocación acudir a reformas legales para intentar solucionar todos los problemas.
En este sentido, expresa su preocupación por las consecuencias negativas que reformas como las contenidas en el proyecto de ley de agilización procesal pueda tener para la sociedad ya que teme que puedan limitar las garantías de los ciudadanos ante la Justicia.
Por ello, considera que debería evitarse "avanzar hacia un escenario en el que, sin haber resuelto los problemas de cobertura de las necesidades materiales del sistema judicial, se hubiera al mismo tiempo minorado el número de recursos jurídicos de los que hoy dispone la ciudadanía".
