A juicio de STAJ, bajo unos pretendidos objetivos de "racionalización y flexibilización de las plantillas de funcionarios", esta reforma esconde unos nuevos mecanismos que ahondarán aun más en el deseado control de la Administración de Justicia al servicio del partido gobernante, ya que en la práctica permitiría una "movilidad discrecional" de funcionarios para -entre otros objetivos- que pueda ralentizar o acelerar procesos judiciales desde su inicio, al servicio de intereses partidistas, según convenga en la coyuntura política del momento y dejando de ser ese servicio esencial, imparcial e independiente, tal y como está consagrado en nuestra Constitución.
"Y todo ello", añade STAJ, "a costa del mayor ataque que se ha producido a los derechos y condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales. Ni el partido gobernante ni la titular del Ministerio de Justicia han mostrado la más mínima intención de negociar esta reforma legal con STAJ y resto de sindicatos representativos de Justicia y esto constituye un hecho que evidencia esos intereses ocultos para que se apruebe sin negociación para la semana próxima en el Congreso".
