El Tribunal Constitucional ha avalado el recorte salarial del Gobierno a los empleados públicos al desestimar la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por la Audiencia Nacional ante las dudas surgidas sobre el encaje en la Carta Magna del real decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Fue la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional quien decidió elevar la cuestión de inconstitucionalidad el 7 de noviembre de 2010 en una resolución en la que avanzaba dudas sobre la constitucionalidad de la redacción de algunos de sus artículos, por posible afectación del contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
