No se reconoce la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (Cuerpos Generales, Especiales y Médicos Forenses) ni las funciones reales de los Cuerpos Generales.
Se desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.
Se impone, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa poniendo en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas.
¿Cuáles son nuestras reivindicaciones?
La paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
El reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan y son delegadas a los Cuerpos Generales sin compensación alguna.
