Ruiz-Gallardón no pasó indiferente durante sus tres años al frente del Departamento de Justicia. Aunque las leyes más ambiciosas no las llegó a sacar adelante, sí aprobó alguna que provocó la indignación de toda la carrera judicial.
Las tasas judiciales provocaron un duro enfrentamiento con todos los profesionales de la Justicia, que veían esta medida injusta e incluso inconstitucional por impedir el acceso a la Justicia de muchos ciudadanos. El propio Tribunal Constitucional ya tenía encima de la mesa el debate del recurso contra esta norma cuando Gallardón anunció su dimisión. Su sustituto, Rafael Catalá, en su primer discurso ya anunció que las tasas serían revisadas, quedando bloqueada por ahora la resolución del TC, que prefiere esperar a los cambios de la norma antes de tomar una decisión.
Ruiz-Gallardón había anunciado a bombo y platillo la reforma del Código Penal con la incorporación de la prisión permanente revisable y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la que planteó profundas reformas en la Justicia como la desaparición de los jueces decanos o los juzgados de instancia, centralizándolos en las capitales de provincia. Ante las duras críticas de toda la carrera judicial, el ministro fue matizando su texto, y su dimisión dejó a medias la ley.
