La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el fraude en los cursos para desempleados en Andalucía afronta su recta final con profundos cambios en las estimaciones iniciales de los agentes.
Según fuentes cercanas a la operación Edu consultadas, las diligencias practicadas hasta ahora permiten concluir que patronales, sindicatos, sociedades mercantiles y particulares habrían malversado más de 3.000 millones de euros en subvenciones públicas para el empleo, un 50% más de lo que calculó la UDEF en un principio.
Si la cifra acaba siendo confirmada en los tribunales, el caso Edu se convertirá en el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de España por volumen de fondos defraudado, superando incluso a la mastodóntica operación Malaya contra el urbanismo irregular en la Costa del Sol, que con 2.812 millones de euros ostenta en la actualidad ese dudoso mérito.
Los investigadores de la UDEF consideraban inicialmente que el fraude en los cursos para desempleados podía alcanzar los 2.000 millones de euros. Manejaban suficientes indicios para sostener que al menos la mitad de las acciones formativas programadas en territorio andaluz para luchar contra el desempleo habían incumplido alguno de los criterios necesarios para ser subvencionadas con fondos públicos o ni siquiera habían llegado a celebrarse.