“Es evidente que cualquier sociedad desarrollada tiene un sistema de justicia moderno y eficiente. En un momento como el actual desde el CGPJ debemos ser cuidados con los recursos limitados y poder en un futuro no muy lejano, ser conscientes del impacto económico de las decisiones de cada uno de nosotros, magistrados”. Estas fueron las palabras que como colofón impartió Carlos Dívar, presidente del CGPJ y del Supremo, en el acto de presentación del libro-informe “La Economía de la Administración de Justicia”.
Esta publicación, sobre la que los autores dejaron claro que ha habido años de investigación y trabajo, es una de las primeras que analiza de forma rigurosa la administración de justicia. Para Francisco Cabrillo, uno de los autores de este trabajo de derecho comparado de investigación, los más de 40.000 millones de euros que están en los juzgados en muchos asuntos, pendiente de trámite, “es un coste que se debe asumir y ver la forma de reducir su cuantía porque de esa manera, es posible que nos beneficiemos todos”.
Una de las conclusiones que más ha llamado la atención al publico que se dio cita en la presentación de esta publicación tiene que ver con la idea de Cabrillo y Fitzpatrick, de introducir gestores privados en la administración de justicia, “en nuestro país, juzgados y tribunales dependen de forma administrativa de los secretarios judiciales. Son juristas y fedatarios públicos pero no tienen el perfil de gestor que se requiere”. Desde su punto de vista se trataría de definir mejor sus funciones. “Que pudieran existir administradores profesionales, con el rango de gerente para gestionar mejor las unidades judiciales. Esta figura gerencial ya se ve en otros países de Europa”.
