En algunos informes, denuncia STAJ, se esgrimen argumentos tan espurios, para impedir el teletrabajo, como que los funcionarios tienen que despachar con los jueces y LAJs, "una labor que puede realizarse perfectamente por escrito en remoto, como tiene previsto el propio sistema en el expediente digital".
Otros de los argumentos más habituales suele ser el relativo a la atención a profesionales y público. Sin embargo, esta atención se debe realizar mediante cita previa, y el régimen de teletrabajo se presta de forma semipresencial, es decir, que los funcionarios combinan el trabajo en remoto con la presencialidad algunos días a la semana, por lo que podrían desarrollar la atención directa en esos días de trabajo presencial a quienes tuvieren concertada la cita previamente.
