Las tres sentencias contradictorias sobre la calificación penal del positivo por alcoholemia que arrojó una conductora, fiscal de profesión, en un control preventivo realizado hace más de un año en Valladolid no ponen en duda la validez como tal de la prueba, en la que duplicó con creces la tasa legal, pero distintos defectos legales y procesales han llevado al Tribunal Constitucional a anular su condena -el primer fallo era absolutorio- por parte de la Audiencia Provincial al entender que se vulneraron sus derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías y, por extensión, a la presunción de inocencia.
