El Gobierno ha fijado un techo de 250 euros anuales en la cuota obligatoria que los colegios profesionales podrán exigir con carácter general a los abogados. Además, prohíbe a estas corporaciones contratar a familiares directos de sus cargos directivos.
Así lo recoge la última versión del anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, que olvida algunas de las propuestas iniciales del Ejecutivo e introduce otras novedades en la regulación de los colegios profesionales.
El anteproyecto mantiene la idea de que los abogados pueden ejercer como procuradores y viceversa y defiende la colegiación obligatoria de los abogados para actuar ante los tribunales, así como para "prestar asistencia letrada o asesoramiento en representación de un tercero con el que no tenga un vínculo de naturaleza laboral".
El texto establece además que el Ministerio de Justicia creará un registro de peritos judiciales y que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales cambiará su denominación por la de Asociación de Secretarios Judiciales.