Bolaños firmó el pasado jueves con CSIF y UGT un acuerdo que deja afuera a 33.000 funcionarios de Justicia, el 70% de la plantilla. Todos aquellos que ejercen en regiones con las competencias transferidas. Muchos de ellos secundaron las huelgas que comenzaron en abril del año pasado, que se alargaron durante dos meses y medio.
STAJ y CCOO calculan que los funcionarios de Justicia dejaron de ganar 3.000 euros de media por secundar las huelgas del año pasado, primero parciales y luego totales. José Luis Fernández Alaya, portavoz de STAJ, sostiene que las pérdidas de cada compañero oscilaron entre 2.500 y los 4.000 euros, ya que sus emolumentos varían según la antigüedad y los complementos especiales, como los de destino.
El pacto ha soliviantado a los trabajadores de las regiones de ámbito no transferido. "Nunca los he visto tan enfadados", asegura Fernández Alaya. STAJ, CCOO y CIG han anunciado movilizaciones porque "el conflicto sigue vigente". "El Ministerio no va a encontrar la paz que tanto ansía", insiste el portavoz de STAJ.
