La medida ha indignado a los sindicatos que se han opuesto al acuerdo porque Bolaños lo ha enmarcado dentro de las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia, donde entran todos los funcionarios, independientemente del territorio donde trabajan. STAJ defiende que se trata de cuerpos nacionales, por lo que la subida debe ser igual para todos. El problema, sostienen, es que el ministro ha dejado "que cada ámbito se las apañe". Las comunidades autónomas con competencias delegadas habían rechazado asumir el coste del aumento salarial.
José Luis Fernández Alaya, portavoz de STAJ, lamenta que CSIF y UGT hayan "traicionado" a más de 33.000 funcionarios de Justicia al firmar un acuerdo que "elimina de un plumazo cualquier aspiración de incremento salarial". STAJ se pregunta por qué estas dos organizaciones han aceptado "esta estrategia sucia del Ministerio de Justicia" y qué han obtenido a cambio "dejando a los compañeros literalmente tirados".
