El curso selectivo, como en ediciones anteriores, constará de dos fases, una teórico-práctica y una de prácticas tuteladas. La fase teórico-práctica se desarrollará en formato semipresencial, previsiblemente del 2 de octubre al 27 de noviembre de 2023, siendo predominante el formato presencial. La fase de prácticas tuteladas se desarrollará previsiblemente del 11 de diciembre de 2023 al 19 de abril de 2024, y supondrá la incorporación de los funcionarios en prácticas a juzgados y oficinas judiciales.
Igualmente el BOE ha publicado la resolución de 3 de julio de 2023, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones para gastos de seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2023.
Cantabria - Ejercicio 1 - Aptos No aptos - Ejercicio 1
La cuestión está en que el Ministerio de Justicia se comprometió a establecer una regulación del teletrabajo que finalmente no se ha llevado a cabo, lo que imposibilita, al parecer, que el teletrabajo se siga prorrogando al no haber base legal que lo sustente a nivel autonómico ya que, como antes comentamos, las medidas asociadas a la pandemia establecidas en el Real Decreto que las recogían han decaído al establecer Sanidad el fin de las mismas. Además, a nivel de la Comunidad Autónoma de Cantabria tampoco existe una regulación específica del teletrabajo a la cual acogerse.
Por todo ello, el fin de las medidas establecidas con la pandemia y la falta de regulación general y específica a nivel nacional y autonómico nos hacen pensar, junto a informaciones que estamos intentando confirmar, que es posible que las prórrogas del teletrabajo queden sin efecto. No es una decisión oficial, pero ante los rumores que están surgiendo estamos intentando trasladaros la situación tal y como está a día de la fecha.
En cuanto tengamos confirmación en cualquier sentido os lo comunicaremos, dando por sentado que el fin de esta modalidad de trabajo supondrá una nueva pérdida de derechos para los trabajadores y un nuevo motivo que impide acabar con el colapso de nuestra Administración.
Recordamos que en la nómina de mayo se descontaron todos los días de huelga del mes de abril, y que en la nómina de junio se descontaron los días de huelga hasta el 24 de mayo inclusive.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 11 de agosto de 2023.
Está abierto un plazo de presentación de instancias de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
Así lo han expresado, convocados por CSIF, STAJ, CCOO y UGT ante el Palacio de Congresos de Logroño, donde este viernes se ha celebrado una reunión informal de los ministros de Justicia de la UE, a la que ha asistido el comisario y la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Antonio García, de STAJ, ha subrayado que "hemos tenido un Gobierno indigno con los trabajadores de Justicia". "No merecemos este trato, cuando sacamos el trabajo a diario y nos han ninguneado", ha insistido. A partir del 24 de julio, "no vamos a dar ni un paso atrás para modernizar la Administración de Justicia y que cuente con nosotros", ha incidido.
El proyecto aborda la adaptación del Reglamento del Mutualismo Judicial, en lo relativo al plazo de prescripción para el reconocimiento de las prestaciones, conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Se aprovecha, asimismo, para integrar la caducidad del derecho al reconocimiento de las prestaciones sujetas a convocatoria pública, así como los plazos de prescripción del subsidio por jubilación y de la ayuda por gastos de sepelio.
El objetivo de estas movilizaciones es trasladar a los representantes de la UE nuestra reivindicación de negociación colectiva de las grandes reformas de la Justicia y de reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente realizan en los juzgados y tribunales.
Los funcionarios de Justicia, procedentes de varias comunidades, han pedido a los ministros de Justicia de la UE que "lean la cartilla" a su homóloga española, Pilar Llop, en demanda de un trato igualitario y el reconocimiento de sus derechos.
El secretario general de STAJ, Vicente Navarro, ha "avisado" al próximo Gobierno de España, tras las elecciones del 23 de julio, que "vamos a seguir reclamando nuestros legítimos derechos", y ha defendido "una Justicia de calidad en España, ágil y que llegue al ciudadano, como un servicio esencial".
Se ha procedido a actualizar los gastos de desplazamiento de los funcionarios públicos. La cuantía estaba en 0,19 euros por kilómetro, y tras la actualización ha pasado a 0,26 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles y en 0,106 euros por kilómetro recorrido por el uso de motocicletas. Es una reivindicación que STAJ ha venido haciendo desde hace años, puesto que la cuantía de los 0,19 euros lleva sin actualizar desde hace casi 20 años.
Desde STAJ hemos remitido escrito a la Dirección General de Justicia de Cantabria para que procedan a dicha actualización y, por tanto, al pago del kilometraje a 0,26 euros por kilómetro para los vehículos y 0,106 para las motocicletas.
Estas comisiones tendrán efectos desde el día 24 de julio de 2023 y una duración máxima de un año prorrogable, en caso de no haberse cubierto los puestos con carácter definitivo.
Está abierto un plazo de diez días hábiles para efectuar reclamaciones ante el secretario de Gobierno del TSJ correspondiente a la provincia que solicitaron en primer lugar, contados a partir del día siguiente a la publicación de las listas y en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Actualización 20/07/23: Nuevo listado
Veray se ha comprometido a seguir escuchándolos después del 23J "para tener en cuenta sus reivindicaciones y trabajar desde el diálogo" para dar respuesta.
Serán objetos de subvención: Los gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones judiciales, la realización por las asociaciones judiciales de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa, la efectiva implantación de las asociaciones judiciales en la carrera judicial, los resultados de las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
Las subvenciones se financiarán con cargo al capítulo IV, concepto 483, del programa 111M del Presupuesto de gastos del Consejo General del Poder Judicial para el 2023, por un importe máximo de 426.100 euros.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha autorizado una concentración el día 21 de julio a las 15.00 horas frente al Riojaforum, lugar donde se va a celebrar la reunión de ministros de Justicia y de Interior de la UE.
Coincidiendo con estos actos se ha convocado un paro general de 24 horas en la Administración de Justicia el día 20 de julio, al igual que sucedió el pasado día 11 de julio.
Defendemos el legítimo derecho de los funcionarios de la Administración de Justicia a realizar cuantas manifestaciones pacíficas y respetuosas creamos convenientes para dar visibilidad al conflicto en que nos encontramos y reprochar la actitud de falta de negociación de la Administración empleadora y del Partido Socialista en el Gobierno.
Las concentraciones y manifestaciones forman parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. Es por ello por lo que defendemos la actuación de nuestros compañeros de Zamora, que han actuado dentro de los límites que marca la Constitución a la libertad de expresión y manifestación, y condenamos los intentos de criminalizar al colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia.
Desde STAJ hacemos un llamamiento para que se respeten plenamente nuestros derechos constitucionales de reunión, libertad de expresión y protesta pacífica, restableciendo la plena garantía de nuestros derechos fundamentales, todo ello en pos de solucionar el conflicto laboral, reiterando todo nuestro apoyo a los compañeros de Zamora.
SUMAR afirma que integrarán a todos los funcionarios "bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público" de forma "paulatina, escalonada y programada". Añade que "se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos".
Tras algún momento de tensión en el exterior del edificio con algunos "seguidores" del PSOE, que comenzaron a descalificarnos por simplemente gritar "JUSTICIA SOLUCION" y enseñar ese mensaje por escrito en unos simples folios, la policía nos invitó a abandonar las inmediaciones, a lo cual accedimos sin ningún tipo de problema.
Apartados del edificio y la salida de la comitiva de coches del presidente, pudimos nuevamente hacernos ver y oír con nuestras proclamas, con lo que no nos cabe duda de que este señor pudo tomar nota, una vez más, de que los trabajadores de Justicia mantenemos el conflicto vivo durante la campaña electoral.
Seguimos así con los actos que otros compañeros de otros ámbitos también están llevando a cabo, sobre todo en actos de campaña y en la medida que se puede dadas las circunstancias y época estival en la que nos encontramos.
Exigimos respeto a nuestro trabajo y a nuestra dignidad, no somos más pero tampoco menos que otros Cuerpos, y por ello exigimos que nuestras reivindicaciones sean negociadas.
Los interesados deberán presentar su solicitud ajustada al modelo que se adjunta como Anexo II. Está abierto un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el sitio web del Ministerio (7 de julio).
Este Real Decreto-ley modifica nuestro régimen jurídico en relación a conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para introducir modificaciones en el régimen de permisos.
Contra la adjudicación provisional se podrán hacer alegaciones en el plazo de tres días hábiles, finalizando el día 17 de julio de 2023.
Las convocatorias de los procesos selectivos previstos en el presente Real Decreto deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad, y deberán estar finalizados antes de que transcurran dos años, ampliables a tres por causa justificada, computados desde la aprobación de este Real Decreto.