Se excusa el referido sindicato en que durante sucesivas reuniones puso condiciones al Ministerio de Justicia para firmar el acuerdo sobre desarrollo de los procesos selectivos de las OEPs 2019 a 2022 en la Administración de Justicia, que todos éramos conocedores de esas condiciones, que nada se incluyó y que el Ministerio de Justicia no estaba por la labor.
Lo extraño del asunto es que si ese sindicato tenía unas condiciones para el desarrollo de esos procesos, no las pusiera de manifiesto en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde se negoció el RDL 14/2021 y la Ley 20/21, y las hiciera valer antes de firmar el acuerdo con el Gobierno de España que dio lugar a las citadas leyes. Porque son precisamente estas normas las que impiden hacer lo que ahora dicen defender que se haga. ¿Será porque ninguno de los representantes sindicales pertenecía al sector de Justicia? ¿O tal vez sí?
