Reding señala que "el requisito de pagar tasas a los tribunales por la tramitación de una causa no constituye en sí mismo una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia". "Ahora bien, el carácter excesivo de una tasa puede constituir una restricción que vulnere la propia esencia del derecho fundamental de una persona a ser oída por un Tribunal", añade.
