Funcionarios desbordados, la Red se cae «cada dos por tres» y no funciona el sistema de doble pantalla en un escritorio integrado para magistrados, secretarios judiciales y personal de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal. Se ha perdido documentación, datos cruzados entre expedientes, sin un orden correlativo entre las sentencias (con la importancia que esto tiene para Justicia) y un colapso en el sistema judicial de la Audiencia Nacional sin precedentes. Este es el paisaje casi "de guerra" que deja un paseo por las instalaciones donde se han trasladado recientemente los Juzgados Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en la calle Goya, 14.
Este campo de minas viene sembrado por un proyecto de implantación del expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional hecho «mal, sin los medios necesarios y con prisas» por parte del Ministerio de Justicia, se quejan amargamente algunos de los 600 trabajadores afectados. «Vendieron el proyecto para hacerse la foto, comenzaron a implantarlo la pasada primavera en la Sala de lo Social que es la que en la Audiencia tiene pocos procesos y vieron que era mucho más costoso y complejo de lo que habían supuesto». Ya fue un pequeño gran «caos», explican Emilia Rubio y Elisa Losada, del STAJ.
«La situación es tan extrema, tan caótica que se han visto obligados a paralizar este mismo mes de las elecciones el expediente digital en la rama penal de la Audiencia», comenta Losada. Aunque en un principio también salpicó a estos procedimientos trascendentales, hasta el punto de que se cruzaron y mezclaron peticiones de excarcelaciones o de medidas de vigilancia penitenciaria para algunos presos, se perdieron otros expedientes y se generó un retraso ímprobo en numerosas causas. «Todo empantanado» es como lo resumen algunos trabajadores del edificio de Goya.
El resultado de este sistema caótico se traduce directamente en que los ciudadanos se han visto injustamente tratados, afectados por una demora en los procesos que ha llevado a «incoar (comenzar los trámites legales del proceso), de media, tres demandas en seis meses», algo que antes de iniciarse la digitalización de toda la documentación duraba días. «No se puede vender algo así, no reconocer que se ha hecho mal, y hacerlo a cualquier precio perjudicando al ciudadano», agrega la portavoz del STAJ, Emilia Rubio.
