En su primera intervención en el debate de investidura, Rajoy se ha comprometido a trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y «propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad», tanto en lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como al Tribunal Constitucional.
Para ello, ha avanzado cambios que persiguen «agilizar y mejorar su funcionamiento» y ha concretado que se harán reformas en el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad y se otorgarán mayores garantías de independencia a los nombramientos de sus miembros».
El ganador de las elecciones ha defendido que una de las reformas que necesita España es la de la Administración de Justicia, porque es la que «garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos», pero también constituye «un factor esencial de competitividad y de confianza en las instituciones». Y para garantizar que esta Administración sea el «servicio público moderno y de calidad» que debe ser, ha abogado por «promover un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizando los ocho sistemas informáticos actuales, que son incompatibles entre sí».
Además, se ha comprometido a abordar los cambios en el modelo de la oficina judicial que aseguren la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales y ha instado a «simplificar procedimientos, reforzar del principio de oralidad, revisar el sistema de recursos e incorporar los juicios rápidos al ámbito civil».
