Después de varias semanas de negociación (desde principios de abril), ayer día 16 de julio se ha alcanzado un preacuerdo con el Ministerio de Justicia para dar nueva redacción a ciertos preceptos del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, actualmente en tramitación en el Congreso, mediante la presentación de enmiendas de manera que quedan garantizados los derechos y retribuciones del personal durante la transición al nuevo modelo organizativo que surgirá tras la aprobación de dicha ley, actualmente en el Congreso. Asimismo, se asegura el mantenimiento de los puestos de trabajo, la no amortización de plantillas y la voluntariedad en el proceso de acoplamiento a las nuevas oficinas.
El acuerdo es el resultado de la negociación de los aspectos de la ley de eficiencia organizativa que afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia. Esta negociación ha sido posible únicamente gracias a la insistencia de STAJ para que se convocara la mesa sectorial con este fin.
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