La situación fue puesta de manifiesto por las cuatro asociaciones judiciales en un escrito dirigido al CGPJ en el que se señalaba que, con ocasión del comienzo del proceso de implantación de la firma digital en algunos partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio de Justicia mantiene las competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia, se ha detectado que la aplicación informática instalada permite a los destinatarios de la notificación de las resoluciones judiciales conocer datos de carácter personal de los jueces que las firman.
La Comisión Permanente confía en que las disfunciones observadas queden resueltas en un plazo prudencial, por lo que no considera necesario que se suspenda el proceso de implantación de la firma electrónica de las resoluciones digitales.