Comisiones Obreras y UGT reciben cerca de tres millones de euros por una función que no realizan y que está vinculada a la representación puramente sindical. Cerca de tres millones de euros que salen del bolsillo de los contribuyentes y que tanto CCOO como UGT perciben como subvención por los miles de delegados sindicales "fantasma" que ambos mantienen en la sombra.
En concreto, unos 82.000 delegados "fantasma" que no tienen ninguna representatividad ni ocupación porque simplemente las empresas en las que fueron elegidos ya no existen.
La ecuación resulta sencilla. Entre los años 2011 y 2015, nuestro país perdió algo menos de 50.000 empresas. Sin embargo, los delegados sindicales elegidos en las empresas extinguidas siguen "vivos", inscritos en el registro del Ministerio de Empleo hasta que se cumplan los cuatro años de plazo de su función y sean "eliminados" automáticamente ante la celebración de nuevas elecciones sindicales.
En otras palabras, aunque no exista empresa activa, continúan ejerciendo como si la hubiera.